Los responsables políticos del cierre de la frontera colombo-venezolana

Las reglas en la frontera colombo-venezolana cambiaron desde que el presidente de la República, Nicolás Maduro, decidió cerrarla el 19 de agosto de 2015. La medida “provisional” se extendió por 365 días y cambió las condiciones de vida en el estado Táchira, donde nuevas autoridades llegaron por mandato presidencial para poner orden en una zona cuestionada históricamente por el contrabando y el paramilitarismo.

Maduro declaró el cierre fronterizo y el despliege de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) por 72 horas ante las cámaras de VTV, una medida que justificó por el ataque de supuestos grupos paramilitares a tres funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FANB) y un civil en la ciudad fronteriza de San Antonio. Dos días más tarde, el 21 de agosto, el jefe de Estado confirmó la intervención militar al decretar Estado de Excepción por 60 días, prorrogables. Desde aquella fecha quedaron bajo lupa oficial los municipios tachirenses Simón Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta.

La instauración del cerco militar por mandato presidencial coincidió con la creación de nuevos cargos de control. El primer postulado fue el gobernador del estado Táchira. “Nombro de conformidad con el artículo 16 al gobernador José Vielma Mora como jefe de toda esta zona fronteriza”, informó Maduro luego de firmar el Estado de Excepción.

Vielma Mora aceptó el compromiso aquel día. “Aquí estamos para cumplir con ese mandato y no lo defraudaré”, dijo.

Las responsabilidades del ejecutivo regional quedaron establecidas también por el jefe de Estado: “Aspiro que en estos 120 días, nosotros vayamos a fondo a reestablecer la paz, la convivencia, el derecho a trabajar, y vayamos a extirpar profundamente estos tumores malignos que el paramilitarismo y las bandas criminales de Colombia han traído para metérsele al cuerpo noble de nuestra República Bolivariana de Venezuela”.

No hubo tiempo para que Vielma Mora se acoplara a sus nuevas funciones, al menos en la oficialidad del cargo: el general Carlos Martínez Stapulionis asumió el puesto el 24 de agosto. El representante de las FANB tomó el relevo del gobernador como jefe único de la zona de seguridad fronteriza número 1, integrada por los seis municipios mencionados.

Maduro nombró “una autoridad única de estos seis municipios, a la luz del Estado de Excepción, para que lidere y sea el jefe de todas las acciones integrales para establecer un nuevo orden en la frontera. Una nueva frontera”. Así declaró desde el Palacio de Miraflores en una conferencia de prensa que dio a representantes de los medios de comunicación internacionales.

Aunque Martínez se mantuvo bajo perfil ante los medios de comunicación, el general sí cambió las cosas en las fronteras: puso freno a la ola de deportaciones que empezaron con el cierre, encargó la realización de un censo en la zona, inspeccionó el despliegue de la FANB y coordinó la elaboración de listas de privilegiados que con la medida tenían autorización para pasar de un país un a otro.

En el inactivo Aeropuerto Internacional General Juan Vicente Gómez, de San Antonio, la FANB instaló su sala situacional, el lugar donde todos los habitantes debían presentarse para someter su caso al juicio de la autoridad única. “Tiene que hablar con el general Martínez”. Esa era la respuesta programada que todos los militares daban a los ciudadanos que querían cruzar la frontera.

El jefe de seguridad siempre aseguró que la solución para la frontera no era militar: “Requerimos que todos los organismos del gobierno nacional, regional, y las misiones, planten soluciones, aporten ideas para atacar los problemas. Esto es integral y todos debemos participar en ello”.

A pesar de la designación de Martínez, desde el 11 de septiembre el máximo encargado para tratar el problema de la frontera, según Maduro, lleva otra nombre: Gerardo Izquierdo Torres.

Maduro explicó que el mayor general “fue comandate del Ejercito. Es un hombre estudioso, diciplinado, honesto, exigente, conocedor de la frontera, y estoy seguro de que tendrá una gran capacidad para llevar a la realidad todas las propuestas que están saliendo en lo económico, lo social”.

El general Torres fue nombrado presidente de la misión socialista Nueva Frontera de Paz, un cargo que tiene rango de ministro de Estado. La designación fue publicada en Gaceta Oficial número 40.744 que establece tareas como la difusión y el desarrollo de planes, programas y proyectos para promover el desarrollo de la frontera.

El también miembro de la FANB dirigió sus primeros esfuerzos a inspeccionar la frontera para garantizar “el libre ejercicio al sufragio y la participación” en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Decidió aumentar y modernizar los puntos de controles migratorios “para evitar que amenazas paramilitares puedan seguir operando en territorio venezolano y así proporcionarle seguridad al pueblo”.

Sin embargo, Torres aseguró en enero de 2016 que faltaba “mucho para lograr la frontera de paz, porque esto es un matrimonio de dos”, en relación con la cooperación que, según él, debía prestar Colombia. Este año, Torres aseguró que costaría restablecer el orden y la paz en la frontera “porque son muchos años de vagabundería, de gente de uno y otro lado tratando de tracalear”.

El ministro para la Nueva Frontera de Paz reapareció ante los medios de comunicación después de la reapertura fronteriza, anunciada el pasado 11 de agosto por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Durante la jornada, el fin de semana del 13 y 14 de este mes, Izquierdo explicó que la tarjeta migratoria, nuevo documento para el tránsito entre cada nación, era una obligación solo para las autoridades colombianas. También dio detalle sobre el número de personas que habían transitado.

De la relación con Colombia después del cierre se encargó, la canciller de la República, Delcy Rodríguez. La representante del gobierno se reunió con su homóloga colombiana, María Ángela Holguín, el 26 de agosto para discutir los intereses de ambos países después de que Venezuela tomó unilateralmente la medida.

Holguín aseguró después de la reunión que “el cierre de frontera no es el camino” y se comprometió a cooperar para solucionar los problemas de la zona. Sin embargo, Rodríguez rechazó por Twitter las declaraciones de la representante de Colombia y justificó la medida de su gobierno.

Las diferencias entre ambas naciones se evidenciaron con el paso del tiempo. Tanto Holguín como Rodríguez se reunieron en septiembre de 2015 con el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, para defender sus verdades. “Hay que señalar que hay una responsabilidad del Estado colombiano que ha emanado de sus poderes: tres leyes que promueven y alteran no solamente nuestro modelo cambiario sino que fomentan el contrabando”, aseguró la canciller venezolana, después de decir que su homóloga fue a Ginebra a contar “falsedades al más puro estilo de un reality show”.

Aunque Rodríguez se sumó a las negociaciones bilaterales a principios de agosto para definir la reapertura de la frontera, una fuente de la Cancillería de Venezuela reveló que inicialmente el tema del cierre fue asunto directo del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno: las decisiones pasaban primero por Miraflores que por la Casa Amarilla.

En el juego de las declaraciones sobre la crisis fronteriza también intervino otro vocero del gobierno: Vladimir Padrino López. El ministro de Defensa afirmó en octubre de 2015 que los delitos en la frontera habían disminuido 30% gracias al despliegue de la FANB.

“Ya las medidas comienzan a surtir efectos, estamos observando con mucha precisión los efectos positivos en el grado de tranquilidad y paz que se respira en la frontera”, aseguró aquella vez. Pero los avances no habían sido suficientes para restablecer el paso fronterizo, según él, porque había que “mejorar las condiciones. Hemos hablado de una normalización de la frontera y eso tiene unas condiciones que tienen que darse para reabrir la frontera”.

Padrino López también participó en una reunión con su par colombiano, Luis Villegas, en 2016. Ambos representantes políticos se reunieron junto con el presidente Maduro en el Palacio de Miraflores el 30 de junio de este año. El encuentro sirvió para confirmar la cooperación binacional en materia de seguridad en la frontera. “Para Colombia es una prioridad una frontera segura y próspera. Se seguirá avanzando en la lucha contra el narcotrafico”, expresó Villegas. El ministro venezolano también celebró la disposición del gobierno colombiano y aseguró que ambas naciones “deben trabajar juntos para hacer frente a las amenazas contra la frontera”.

Se reanima la cooperación en materia de seguridad en la frontera Colombia-Venezuela a partir de este momento:

En esta reapertura del diálogo y cooperación nacional entre Colombia y Venezuela, ganará el interés nacional de ambos países:

A cada lado de línea fronteriza, el a sufrido duros golpes por parte de las Fuerzas Armadas de ambos países:

Se revivirán reuniones de las Fuerzas de ambos países en Norte de Santander y Zulia, para intercambio de información:

Para Colombia es una prioridad una frontera segura y próspera. Se seguirá avanzando en la lucha contra el narcotrafico:

.@vladimirpadrino: Recibe a Ministro de la Defensa de la Hermana República de Colombia en la Sede Ministerial.

.@vladimirpadrino: Venezuela celebra el gran paso que ha dado Colombia para consolidar su proceso de paz.

.@vladimirpadrino: Vzla y .Col deben trabajar juntos para hacer frente a las amenazas que atentan contra la frontera

El peso de Mora

El gobernador de Táchira, José Vielma Mora, cedió su puesto al general Martínez pero siguió teniendo peso en las decisiones sobre la frontera con Colombia. Sus declaraciones ante los medios de comunicación han sido asumidas por el país como los anuncios oficiales ocurridos durante un año de cierre.

Vielma Mora ha sido el vocero que ha reaccionado ante cualquier novedad en la frontera. No dudó en tildar de bachaqueras a las mujeres que cruzaron espontáneamente el 5 de julio ni en decir que los venezolanos que pasaron el fin de semana siguiente, cuando autorizó el paso peatonal, habían hecho turismo en Colombia y no fueron a comprar comida, como aseguró la mayoría de los tachirenses.

Aunque el gobernador insistió después del “gesto gubernamental” que no se repetirían acciones como las de aquel fin, el pasado 13 de agosto se abrió la frontera por orden directa de los presidentes Maduro y Santos. La palabra de Vielma Mora cayó entonces por su propio peso, una acción que evidenció que “al gobernador no le paran en Miraflores. Es un cero a la izquierda”, indicó el alcalde del municipio Pedro María Ureña, Alejandro García.

https://i0.wp.com/www.el-nacional.com/regiones/Vielma-Mora-delincuencia-Foto-RNV_NACIMA20150728_0186_20.jpg

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